Una ‘sorpresa’ significó para los titulares del proyecto Cigri, liderado por la empresa Ciclo —filial del Grupo Séché—, el rechazo de la iniciativa por US$ 85 millones por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana, a mediados de febrero de este año. Esto, ya que entre 2017 y 2019, la iniciativa había sido aprobada por todos los organismos técnicos evaluadores en una primera instancia (incluida la misma comisión). Sin embargo, a mediados de 2021 la Corte Suprema ordenó retrotraer parte de la tramitación, específicamente por el impacto asociado al tránsito de camiones, lo que llevó posteriormente al rechazo en la Coeva en febrero.

Ante este escenario, el holding francés acudirá al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para apelar. Esto, luego del revés que enfrentó su inversión de infraestructura sanitaria para el tratamiento, disposición y eliminación segura de residuos industriales peligrosos y no peligrosos ubicada en la localidad de Rungue, comuna de Tiltil.

La empresa indicó que antes del 13 de abril presentarán ante el SEA un recurso administrativo ‘para solicitar revertir ante el Comité de Ministros esta decisión que tomó la Coeva’, dado que —a su juicio— ‘no se respetó la premisa del Gobierno de respetar a todos los órganos técnicos a la hora de votar’, aseguró Máximo Coll, director de la división de América Latina en Grupo Séché.

Coll señaló que esperan que durante este año puedan tener una resolución sobre el proyecto. ‘Normalmente los procesos duran entre 6 y 12 meses, pero nosotros tenemos un caso en particular en que nuestra última evaluación fue un tema seguido por una decisión de la Corte Suprema, que pidió información adicional en un perímetro muy acotado. Por esa razón esperamos que el Comité de Ministros pueda procesar el tema de manera más acelerada en relación con otros proyectos más grandes’, manifestó.

No obstante, el ejecutivo recalcó que en caso de enfrentar un nuevo escenario adverso en la tramitación de Cigri, realizarán nuevas apelaciones.

‘Hemos evaluado todas las alternativas, pero estamos confiados en el proceso, sobre todo por lo que ha indicado el Gobierno en el pasado de respetar la opinión técnica. Pero la alternativa técnica es que si el Comité de Ministros lo rechaza, puede haber una apelación al Tribunal Ambiental’, explicó.

‘Como grupo estamos muy alineados con los intereses y la agenda de este Gobierno. Por eso es que estamos seguros de que nuestros intereses se alinearán’, dijo.

Consultado sobre un eventual impacto en la inversión extranjera por el rechazo a este tipo de iniciativas, Coll aseguró que la decisión de la Coeva ‘fue un golpe para nosotros, ya que no respetó la normativa ambiental chilena y eso afecta la credibilidad para los inversionistas en Chile’. ‘Acá hay reglas claras, y cada país tiene las suyas donde nos desarrollamos, pero si al final esas reglas son arbitrarias al momento de la votación, se hace más difícil la inversión. Sin embargo, no es eso lo que el Gobierno nos ha dado a entender y creemos que en el Comité de Ministros esta situación se va a revertir’, agregó.

Fuente: El Mercurio